Legalidad antidescargas

Distintas leyes aprobadas últimamente en distintos países, ley Hadopi en Francia o ley Sinde en España, que tienen por objeto terminar con la discutible bajada ilegal de contenidos de Internet por medio de sanciones y el denominado canon digital, ha dado lugar lógicamente a la búsqueda por parte de los usuarios de otras alternativas que eludan tales barreras legales. Dadas las características de la Web esto era previsible.

Pero ¿quién está detrás del empleo o no de estos escollos legales? Existen posiciones divididas al respecto, la de los usuarios, totalmente contrarios a la normativa y, por otra parte, quiénes están de acuerdo en reconocer los derechos de los autores de las obras desde una perspectiva alejada de la realidad actual. El tipo de medidas basadas en la lógica del mercado parece ser insuficiente y, por tanto, deben sujetarse a ciertas modificaciones que hagan posible compartir archivos libremente, que es al fin y al cabo la particularidad de Internet. Lo cierto es que tales medidas son impopulares al enfrentar a los creadores con la Red. Posiblemente los esfuerzos no se han centrado en la búsqueda de un consenso entre ambos sectores, tal y como ha manifestado recientemente Alex de la Iglesia.

Por tanto, la Ley Sinde permanece sin cambios significativos, haciendo prevalecer fundamentalmente el mecanismo o procedimiento para proceder al cierre de aquellas Web que se consideren irregulares, a través de una comisión administrativa, de la que apenas se sabe nada respecto a su composición, y la actuación de un juez que determinará si se vulneran o no las libertades de expresión y/o información, pero sin tener en cuenta, a pesar de ser el leit motiv,  si se están infringiendo o no derechos de propiedad intelectual. Esto podría suponer entre otras cosas que publicar enlaces equivale a publicar contenidos. Además, se podría instrumentalizar tales medidas para el control y censura de la Web, lo que implicaría la destrucción sistematizada de las páginas que actúen con mayor autonomía y orientación crítica.

Internet representa un escenario de comunicación, expresión, información y creación único, que lo convierten en un factor indispensable para el progreso de la sociedad del siglo XXI. Sin este recurso es impensable salir de la crisis e impulsar el progreso del futuro. Por tanto, los legisladores y los políticos que han contribuido a la ley Sinde no han entendido nada y han subestimado a la sociedad presente en la Red, sometiéndose a la presión de la industria audiovisual de las multinacionales y obviando a los pequeños creadores, generando esto último un peligro innegable para el desarrollo de la producción digital en España. Por otra parte, el Estado de Derecho como he leído últimamente posee herramientas legales capaces de regular con excelencia los derechos derivados de la propiedad intelectual para adaptarse a la sociedad de la información y la comunicación, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas tener acceso a los contenidos de Internet de forma asequible, sin lesionar los beneficios de los creadores. De lo que se trata es de financiar el contenido pero no a través del usuario, sino introduciendo servicios paralelos que financien a cambio de su publicidad por ejemplo.

Los conservadores americanos también amenazan a Internet, promoviendo desde el Partido Republicano una iniciativa para obligar a las empresas proveedoras de Internet a realizar un rastreo de lo que los usuarios hacen en la red.

Es interesante destacar la iniciativa denominada Plataforma No a la ley Sinde que proyecta, partiendo del Manifiesto en defensa de Internet, reunir 500.000 firmas para promover una Iniciativa Legislativa cuyo objetivo es derogar la Ley Sinde.

La educación es un espacio que puede quedar bastante afectado por la aplicación de la ley Sinde. Es obvio que la selección del contenido curricular debe basarse entre otras cosas en un mecanismo coordinador de los conocimientos surgidos del consenso de la comunidad. En este sentido el libre acceso a toda la producción de conocimiento constituye un marco irrenunciable para que ésta pueda desempeñar su papel en la formación de un alumnado crítico, solidario, tolerante y participativo. Cualquier traba en este sentido pondría en grave peligro la práctica de –utilizando el título de un curso al que he asistido recientemente- crear, compartir y usar contenidos digitales, impidiendo así la implantación y el desarrollo pleno de las TIC en las instituciones educativas.